La compañía cuestiona la validez del expediente administrativo, denuncia el uso de pruebas no contrastadas y sostiene que la resolución responde a una interpretación sesgada de su actividad en el mercado del alquiler Leer
Antonio alquiló una de sus viviendas a un hombre que lleva usándola como burdel los últimos seis años. Con la Ley de Vivienda de 2023, el contrato de cinco años se amplió a siete. Las administraciones se desentienden: "Acabando con los pisos burdel, la oferta de alquiler se incrementaría" Leer
